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Diario de Sevilla. 24 de Enero de 2008.
Interior advierte que la Policía no puede luchar contra los 'gorrillas'

El Gobierno cree que la actividad de los aparcacoches no es ilegal porque los conductores dan dinero voluntariamenteFernando Pérez Ávila

El Gobierno central considera que la actividad de los gorrillas no es ilegal y que, por tanto, no está justificada ninguna intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contra ellos. Así lo indica un informe de la secretaría general técnica del Ministerio del Interior elaborado a partir de una consulta sobre la legalidad de la actividad de estos aparcacoches realizada por la Secretaría de Estado de Seguridad.En este documento, al que ha tenido acceso este periódico, Interior informa de que la actuación de los gorrillas "consiste simplemente en la indicación de los lugares que se encuentran libres para estacionar el vehículo y, en ocasiones, también en el compromiso de vigilarlo mientras se encuentre aparcado". El informe continúa diciendo que estas actividades no están sujetas a "contraprestación alguna, aunque en la práctica y como norma general, el individuo que las realiza solicite una propina, que puede consistir en una cantidad determinada de dinero o simplemente en aceptar la voluntad".Al ser desempeñadas en la calle y no en aparcamientos públicos o privados, Interior considera que las tareas de los gorrillas "no interfieren con las funciones propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni con las atribuidas al personal de seguridad privada, ni con las de cualquier otro tipo de personal funcionario o laboral".Es más, la secretaría técnica del Ministerio llega a comparar la labor de estos aparcacoches con la de las "personas que se sitúan en las entradas y salidas de determinados establecimientos comerciales -sobre todo supermercados- y abren la puerta a los clientes que entran y salen de los mismos, o la de los denominados limpias, que aprovechan las paradas de los vehículos en los semáforos para limpiar la luna delantera de los mismos".La clave para que este tipo de tareas no sean consideradas ilícitas radica en que "no existe obligación alguna por parte de los conductores a entregar cantidad monetaria alguna a cambio del servicio prestado". Pese a ello, el informe destaca que la mayoría de las personas acceden a ello por el "temor a represalias" contra el vehículo o contra ellas mismas.Para Interior esto nunca puede constituir un delito ni tampoco algo reprobable jurídicamente. "La mera expectativa de que tales represalias vayan a tener lugar no justifica, en principio, intervención alguna" de la Policía o de la Guardia Civil. Sólo en el caso de que realmente existan amenazas o coacciones por parte del aparcacoches podría requerirse, "lógicamente", la intervención policial. En esos casos los gorrillas serían detenidos y posteriormente acusados de un delito de amenazas, que nada tiene que ver con la práctica de aparcar coches.Esta opinión coincide con la expresada hace años por el que fuera fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, Alfredo Flores, que aconsejó a la ciudadanía que denunciara todos los casos de amenazas o daños en vehículos como única forma de luchar contra este problema. De lo contrario cualquier medida judicial contra los protagonistas de este fenómeno quedaría en nada.